Hace pocos días el gobierno de Rajoy y del Ministro de Guindos , aprobaron por Decreto Ley una nueva moratoria de tres años , paralizando los desahucios de aquellas familias que no pudieron pagar sus hipotecas por la crisis, hasta el año 2020. Pero este mismo gobierno permite que en el actual Código Penal este vigente el artículo 245.2 que penaliza ,a aquellas familias sin hipoteca ,que ocupan viviendas vacías de los bancos con la ejecución de sentencias por delitos de usurpación y lanzamientos rápidos sin alternativas posibles, lo que no deja de ser discriminatorio.

Esta es la fotografía actual de nuestra sociedad: el gobierno ha encontrado desde 2103 una solución para paralizar miles de lanzamientos de viviendas hipotecadas dejadas de pagar como consecuencia de la grave crisis económica en la que aún estamos pero en cambio no ha tomado una iniciativa similar para atender a aquellas familias que vienen ocupando viviendas "vacías" de los bancos, sin título alguno, ante una situación de necesidad vital y un abandono total de muchos de estas viviendas ,en su mayoría de carácter social.

Desde hace ya varios meses , son los Fondos de Inversión los que están adquiriendo en "paquetes" a bajo coste dichas viviendas y a diferencia de los bancos, estos Fondos con títulos más que discutibles , denuncian por la vía penal a los ocupantes y en pocos meses con el apoyo del Código Penal y la figura de la "usurpación de bienes inmuebles" desalojan sin remedio a las familias " ocupas" para tomar ellos posesión.

No se trata de defender a aquellos que puedan aprovecharse del bien ajeno ,sino situar el problema en sus justos términos: son muchas familias que aun queriendo continuar viviendo bajo la fórmula de un alquiler "social" no se les permite ,el objetivo es ocupar dichas viviendas y ponerlas a la venta cuanto antes .

Frente a ello, se debe de actuar desde los Ayuntamientos y la Generalitat Valenciana , a través de la evaluación de estas situaciones por los servicios sociales ,facilitando en lo posible, la continuidad de las familias afectadas en dichas viviendas ,mediando ante las citadas entidades y denunciando ,llegado el caso, los abusos que aquellas puedan cometer.

Es una actuación necesaria e inmediata. Desde el Colegio de Abogados de Alzira vamos a dirigirnos a las administraciones para que tomen cartas en este asunto, pues no son pocos los casos del turno de oficio en los compañeros/as deben de atender a estas familias con escaso tiempo y total ausencia de informes de servicios sociales que ayudaran a una mejor defensa. En igual medida, los agentes de la autoridad ,los jueces y demás agentes judiciales deben extremar sus resoluciones para no dejar sin protección a todas estas familias .

Un trabajo que incumbe a todos.

Carles Aranda Mata

Abogado.